La Procuración General de la Nación emitió un dictamen en el que consideró inconstitucional la ley provincial que le prohíbe a las sociedades anónimas ser titular de farmacias en todo el territorio bonaerense. Desde el Colegio de Farmaceúticos tildaron el dictamen de “escandaloso” y lo relacionaron con el lobby del vicejefe de Gabinete de la Nación y ex presidente y fundador de la empresa, Mario Quintana.
En la Provincia, la Ley 10.606 establece que las farmacias deben ser propiedad de farmacéuticos restringiendo a las sociedades anónimas, regula la instalación de las mismas de acuerdo con parámetros demográficos y geográficos y prohíbe posiciones dominantes en el mercado que redunden en perjuicio del derecho a la salud.
En julio del 2016, la Suprema Corte de Justicia de la la Provincia rechazó por unanimidad un recurso extraordinario que había presentado Farmacity contra un fallo de primera instancia, ratificado en segunda.
Sin embargo, esas tres derrotas en la justicia provincial no fueron suficientes para parar el desembarco de la cadena que mezcla productos de farmacia con otros de distinta índole. Aunque el dictamen de la procuradora no es vinculante, es un antecedente importante para un posterior fallo de la Corte Suprema de la Nación que debe resolver el caso.
“Con gran pena debo anunciarles que el dictamen de la Procuración General de la Nación ha sido a la medida de las farmashoping. Para los farmacéuticos es un claro ataque al federalismo en defensa de los negocios de un funcionario público”, expresó la presidenta de COLFARMA, María Isabel Reynoso.
Sobre el dictamen de los procuradores fiscales Laura Monti y Eduardo Casal, la titular del Colegio criticó: “En muchos pasajes del documento utiliza normativa que regula a la industria farmacéutica o las droguerías, sin relación alguna con la dispensa de medicamento de las farmacias, para luego basar su argumento en el decreto desregulatorio de Cavallo”.
“El dictamen no sólo contradice las sentencias de todas las instancias de la provincia de Buenos, incluyendo a la Suprema Corte bonaerense, también va contra conceptos que nuestra ley custodia y que fortalece con cumplimiento: la salud no es una mercancía, las farmacias constituyen un servicio público y el medicamento es un bien social”, expresó Reynoso.
Y concluyó: “Ahora debemos esperar que la Corte Suprema sostenga el modelo sanitario ejemplar que regula la Ley 10.606, en lugar de privilegiar a una corporación que cuenta con el respaldo del poder político de turno”.
