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Por las causas que Milagro Sala está presa, ahora pidieron la detención del ex gobernador Eduardo Fellner

El juez Isidoro Cruz libró una orden detención contra el ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner en el marco de la denominada «megacausa». Cruz ordenó también la detención de su ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini, el ex titular del IVUJ Lucio Abregú, Héctor Carrizo y José Mercado (integrantes de la UEP). También de la escribana ligada a la Tupac Amaru y Milagro Sala, Claudia Trenque.

Efectivos de la Policía de la Provincia al mando del jefe de la fuerza, Guillermo Corro se presentaron en el domicilio de Fellner pero no lo encontraron.

En esta causa se investiga el destino de millonarios fondos que recibió Milagro Sala para la construcción de viviendas.

La denuncia, presentada por el dirigente de la Coalición Cívica de Jujuy, José María Albizo, es por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y fraude a la administración pública por administración infiel.

La titular de la Tupac Amaru está siendo investigada por el presunto desvío de dinero del Estado que debía utilizarse para la construcción de viviendas sociales. Esa acusación contra Sala la está impulsando el ejecutivo jujeño por el desvío de fondos que el entonces gobierno kirchnerista encabezado por Cristina Fernández había enviado para el plan «Vivir Mejor».

Las organizaciones sociales recibían cheques a su nombre y Sala -de acuerdo con la denuncia- las obligaba a que los endosen a favor de personas de su extrema confianza que luego cobraban ese dinero en la ventanilla del banco.

La administración de Gerardo Morales estima que, sólo en el rubro viviendas, se desviaron con destino desconocido unos 1.200 millones pesos, con los que se podrían haber hecho más de 2.000 viviendas. Según, el fiscal Cussel estaría probado que no fueron construidas.

En la denuncia contra Fellner, el dirigente de la Coalición Cívica, José María Albizo sostuvo que el entonces gobernador no podía desconocer el destino de dichos fondos y en caso de sospechar de una maniobra ilícita estaba obligado a denunciarlo y no lo hizo.

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