Fue luego de que el Presidente anulara la ley de emergencia que había sido aprobada en el Congreso, la cual contemplaba hasta 200 mil millones de pesos para recomponer los destrozos tras las inundaciones de marzo. «Todavía no tenemos respuestas a las peticiones que hicimos«, sostuvo Federico Susbielles.
uego de que el presidente Javier Milei vetara la ley 27.790, sancionada en junio, que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales tras las inundaciones de marzo, el intendente de la ciudad portuaria, Federico Susbielles, aseguró que “intentará hablar con el presidente” para que recapacite y reactive los fondos para recomponer los destrozos que dejó el temporal. La iniciativa incluía la creación de un “colchón especial” de $200.000 millones para asistir a los damnificados y financiar la reconstrucción de la infraestructura dañada.
“Voy a intentar comunicarme directamente con el Presidente“, señaló el intendente durante una conferencia de prensa. Además, agregó: «Sé que es un momento político especial. Yo confío en que ese marco de colaboración que se dio en el inicio del trabajo y hasta este día va a continuar. Confío en la palabra que el gobierno nacional ha dado a través del presidente de la Nación, de que el Gobierno iba a ser parte de la reconstrucción de la ciudad y que iba a seguir acompañando a Bahía Blanca».
A pesar de su prudencia, Susbielles dejó en claro que el veto no puede clausurar la discusión sobre el futuro de la ciudad. “Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer, a que la ciudad tenga un mejor futuro. El veto no puede significar el cierre del capítulo”, afirmó, y recordó que la reconstrucción tras el temporal del 7 de marzo aún no comenzó. En ese sentido, insistió en que lo que se necesita ahora es “gestión y presupuesto”.
“El municipio logró una primera respuesta frente a la emergencia, con la restitución de servicios básicos y el esfuerzo solidario de los bahienses. Hemos logrado ponernos de pie, pero quiero decir que la reconstrucción de la ciudad no empezó. La ciudad necesitó, necesita y va a necesitar del acompañamiento provincial y nacional”, remarcó el jefe comunal, apuntando a la responsabilidad compartida entre los distintos niveles del Estado.
Además, reveló que no obtuvo avances concretos luego de las reuniones que mantuvo con Milei y funcionarios del Gobierno nacional en abril. “Me reuní con el presidente en Olivos y también con el responsable de infraestructura del Ministerio de Economía y Vialidad Nacional. Hasta el momento, no hemos tenido una devolución de esas gestiones. Esperamos una respuesta positiva”, concluyó.
Las razones detrás de la decisión oficial
Desde el Gobierno nacional justificaron el veto al proyecto de asistencia a Bahía Blanca y Coronel Rosales señalando que su aplicación resultaría de “imposible cumplimiento”, en especial en el caso de esta última localidad que, según indicaron, no fue incluida en los informes técnicos elaborados por organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A su vez, remarcaron que el Estado ya intervino previamente para mitigar los efectos del temporal en Bahía Blanca.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la gestión de Javier Milei fue la falta de precisión sobre la fuente de financiamiento del proyecto. En ese sentido, señalaron que la ley aprobada no cumplía con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige identificar claramente de dónde saldrán los fondos para cualquier gasto no previsto en el presupuesto. El mismo criterio ya había sido utilizado en vetos anteriores, como en los casos del aumento jubilatorio y la ley de financiamiento universitario.