El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con una sanción contundente contra las empresas de telecomunicaciones Telecentro y DirecTV, a las que multó con $167 millones a cada una por prácticas reiteradas que vulneraron los derechos de las y los consumidores. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, tras constatar obstáculos sistemáticos para concretar la baja de los servicios.
Obstáculos reiterados para cancelar servicios
La investigación estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores, que detectó incumplimientos a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Entre las irregularidades más frecuentes se registraron las dificultades para cancelar el servicio de manera presencial, telefónica o por mensajería instantánea, además del mal funcionamiento del denominado “Botón de Baja” en los sitios web oficiales.
Preavisos, cobros indebidos y cláusulas abusivas
Otro de los puntos observados fue la imposición de preavisos y el cobro de períodos completos aun cuando el usuario solicitaba la rescisión. A ello se sumó la detección de cláusulas abusivas en contratos de adhesión que impedían la baja del servicio ante la existencia de deudas. Para las autoridades provinciales, estas prácticas vacían de contenido un derecho básico y colocan a las personas usuarias en una situación de clara desventaja frente a empresas de gran porte.
Cientos de reclamos respaldaron la sanción
El volumen de denuncias resultó clave para avanzar con la sanción. El organismo provincial tomó como base cerca de 800 reclamos contra Telecentro y más de 420 contra DirecTV. En ese marco, Telecentro quedó señalada como una de las compañías más denunciadas por consumidores bonaerenses a lo largo del año.
El rol del Estado y el seguimiento de la medida
Desde la cartera que conduce Augusto Costa subrayaron que se trató de una intervención de oficio ante conductas persistentes. “En la provincia de Buenos Aires entendemos que el Estado no puede mirar para otro lado cuando hay empresas que incumplen la ley y vulneran derechos”, sostuvo el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.
Las empresas ya fueron notificadas y cuentan con 20 días para acreditar el pago de la multa y garantizar modificaciones, entre ellas la rescisión por el mismo medio utilizado para contratar. La Provincia adelantó que realizará un seguimiento estricto para evitar la reiteración de prácticas abusivas.