Con un fondo de asistencia para los municipios, se aprobó en el Senado Bonaerense el proyecto de Alcohol Cero al volante. Estuvo presente el ministro de transporte provincial, Jorge D´Onofrio. Resta la media sanción en diputados para convertirse el ley.
El miércoles se llevó adelante un plenario en conjunto de las comisiones de Prevención de las Adicciones, de Transporte y de Legislación General, presidido por el senador Walter Torchio donde se emitió un dictamen en mayoría en acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos. Además, se logró unificar con el proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof y este jueves fue aprobado en la sesión.
“Es un proyecto que llamamos Alcohol cero al volante, pero lo que buscamos son conductores responsables y el objetivo es el de salvar vidas”, dijo el presidente de la Comisión de adicciones, Walter Torchio.
En su alocución en el recinto, Torchio afirmó “Esto va a necesitar de la predisposición de todos y todas para que se cumpla, de una enorme capacitación y educación, y va a ser muy importante que tengamos la capacidad de acción necesaria para transformar hábitos y costumbres”.
El senador destacó el trabajo durante cinco meses del accionar conjunto de las tres Comisiones de Transporte, legislación general y Prevención de las Adicciones “durante este tiempo no observé en la labor que existiera oficialismo y oposición, observé senadores y senadoras comprometidas en generar una ley que diera respuesta a una demanda de la sociedad “.
Por último, cerró diciendo “Estamos aquí para legislar, con la enorme responsabilidad para votar esta ley, una ley que da un orden legal a los y las bonaerenses y a todo aquel que transite por nuestro territorio provincial. Una ley que tiene la premisa de conductores responsables y que tiene el noble y sano objetivo de salvar vidas”.
DETALLES DEL PROYECTO
El texto cerrado este miércoles sostiene: “Queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con motor a quien registre una alcoholemia superior a 0 (cero) miligramos de alcohol por litro de sangre”.
“Así también está prohibido conducir a quienes hubiesen consumido medicamentos, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias que la autoridad de aplicación, con intervención del Ministerio de Salud, determine como capaces de disminuir la aptitud para conducir”, reza el texto del proyecto aprobado en senadores.
El texto también establece que las penalidades “no pueden ser aplicadas con carácter condicional ni en suspenso”.
También incluyen: -arresto e inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría de ellos- la inhabilitación será aplicada conjuntamente con la sanción de multa y el plazo de la inhabilitación será de:
-3 meses para el caso de que el/la infractor/a conduzca con una alcoholemia de hasta cuatrocientos noventa y nueve (499) miligramos por litro de sangre.
-6 meses para el caso de que el/la infractor/a conduzca con una alcoholemia superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre, hasta novecientos noventa y nueve (999) miligramos por litro de sangre.
-12 meses “para el caso de que el/la infractor/a conduzca con una alcoholemia superior a mil (1.000) miligramos por litro de sangre, hasta mil quinientos (1.500) miligramos por litro de sangre”
– 18 meses para el caso de que el/la infractor/a conduzca con una alcoholemia superior a los mil quinientos (1.500) miligramos por litro de sangre.
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y CONTROL
Se definió crear el Fondo para el Financiamiento de Prevención, Capacitación y Control, una fuente de recursos para los municipios que deberán estar a cargo de la aplicación de la ley aportando personal, instrumentos de medición, u otros recursos requeridos para la implementación idónea de los controles de alcoholemia, o uso de sustancias.
Es por eso que el ejecutivo proveerá de los recursos necesarios. Ese fondo se compondrá con recursos del presupuesto provincial e ingresos “que provengan de legados o donaciones aceptados”. Se repartirá a los 135 municipios en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD), que es el mecanismo que define cuántos recursos le corresponde a los municipios según distintas variables.
