Las empresas y cooperativas distribuidoras de electricidad en la Provincia ya no podrán cobrar en las facturas cargos adicionales ni ningún otro concepto tarifario que no se desprenda de la prestación del servicio. Así lo dispuso el Organismo de Control de la Energía Eléctrica bonaerense (OCEBA), a través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, que ya empezó a regir en la Provincia.
La medida fue promovida por el gobierno de María Eugenia Vidal con el objetivo de “limpiar” las facturas de electricidad en la Provincia de cargos adicionales por seguridad, educación, o transporte público que no correspondan estrictamente con la prestación del servicio.
La medida involucra a las cuatro empresas distribuidoras y a las 200 cooperativas que operan en territorio bonaerense.
E impacta directamente sobre una serie de adicionales que se vienen cobrando con la luz y cuya recaudación está afectada muchas veces a destinos específicos.
Por ejemplo, las tasas que se recaudan en numerosos municipios del interior y que tienen como destino financiar el cuerpo de bomberos voluntarios, o tasas de seguridad, transporte o educación.
RESOLUCIÓN
La resolución del Oceba publicada ayer en el Boletín establece que las facturas a consumidores que emitan los distribuidores provinciales y municipales “solo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”.
En ese marco, ordena a los distribuidores provinciales y municipales que las facturas a usuarios que se emitan “no podrán incorporar conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni conceptos adicionales vinculados al servicio público de distribución de energía eléctrica”. Eso, con excepción de las cargas vinculadas al servicio de alumbrado público.
En los fundamentos de la resolución firmada por el Oceba, se detalla que el organismo ha venido recibiendo varios reclamos de usuarios “denunciando el cobro de conceptos ajenos al servicio sin la correspondiente autorización e incluso, en aquellos casos en los que el usuario goza de la gratuidad del servicio, como es el caso de los electrodependientes”.
La resolución fue adoptada luego de que Vidal avanzara, a través de decretos y proyectos enviados a la Legislatura, con la eliminación de impuestos que se cobran en los servicios de luz, agua y gas.
En tanto, otro proyecto también promovido por el gobierno provincial y que apunta a eliminar de las tarifas otros impuestos cuya recaudación iba a las arcas de los 135 municipios está siendo discutido en la Legislatura, en medio de una pulseada política.
Es que la medida afecta las finanzas municipales, por lo que generó rechazos entre los intendentes.
Intendentes presentaron un amparo para hacer “caer” la resolución del OCEBA
El primero en reaccionar fue el intendente kirchnerista de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona. El jefe comunal presentó un recurso de amparo para que la Justicia frene la aplicación firmada por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia.
Durañona avanzó contra lo que considera una “intempestiva resolución” que afecta la autonomía, en relación a la medida, publicada el martes en el Boletín Oficial.
Además del planteo impulsado en la Justicia por el intendente Durañona, la resolución también generó reclamos desde los cooperativistas.
“La verdad es que nos ha tomado con sorpresa y muchísima preocupación. Es una medida que impacta muy fuerte a las cooperativas”, dijo ayer en declaraciones a la prensa Nicolás Ambrosius, presidente de la Federación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (Apeba).
En ese marco, no descartó la posibilidad de acudir a la Justicia, igual que la comuna de Areco. “Lo primero que vamos a hacer es pedir una prórroga para ver cómo nos acomodamos y si hacemos una presentación”, aclaró.