En medio de las turbulencias por el tipo de cambio, la oposición logró la media sanción del proyecto que declara la emergencia tarifaria, que apunta a limitar los futuros aumentos en las boletas de luz, gas y agua.
Los distintos bloques en que se divide el peronismo y otros bloques menores de la oposición pudieron cerrar filas detrás de una iniciativa que propone retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del año pasado, y que impide que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo.
En total, fueron 133 votos a favor, 94 negativos y tres abstenciones, al cabo de 12 horas y media de debate.
En medio de las turbulencias por el tipo de cambio, los distintos bloques en que se divide el peronismo y otros bloques menores de la oposición pudieron cerrar filas detrás de la iniciativa que propone retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del 2017.
Además, impide que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo. El proyecto fue suavizado en su redacción por iniciativa del peronismo «no K» de Argentina Federal y el Frente Renovador.
Mientras se sucedían uno tras otro los discursos en el recinto, los diputados Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Justicialista), en aras de mitigar el impacto fiscal de la medida, negociaron cambios al proyecto original, como excluir al transporte y los peajes de la regulación. En ese sentido, sólo quedó en pie el límite a los aumentos en las facturas de luz, agua y gas (incluida la garrafa).
También se quitaron las restricciones a las subas sobre las facturas de consumos más altos, en tanto que ya se había dado marcha atrás con la reducción del IVA en las tarifas de servicios públicos.
En tanto, la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño defendió la facultad que tiene el Congreso Nacional para debatir las tarifas al señalar que el objetivo es «proteger los derechos de los usuarios», al rebatir la posición del gobierno nacional que sostiene que es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional.
Al hablar en la sesión especial donde se debate el dictamen impulsado por la oposición para atenuar el aumento tarifario, Camaño señaló que el Parlamento puede legislar sobre tarifas porque el artículo 42 de la Constitución habla de la defensa de los usuarios.
En ese sentido, la legisladora dijo que «está claro que el Congreso es la autoridad que debe proteger los derechos de los usuarios, que no implica que homologue tarifas, sino que establece las reglas de las mismas».
Por su parte, el diputado Máximo Kirchner acusó en el Congreso al presidente Mauricio Macri de haber realizado «demagogia electoral» porque en el debate presidencial que protagonizó con su rival, Daniel Scioli, dijo que «no iba a haber tarifazos, y después lo hizo».
A su turno, el diputado nacional de Evolución Radical, Martín Lousteau, aseguró que «no es solamente el nivel de las tarifas lo que genera preocupación y angustia» en la gente, sino también «qué va a pasar en el futuro», y advirtió que «los que plantean ahora la solución fueron los que crearon el problema».
«Los que plantean la solución crearon el problema. El Gobierno se cierra», aseguró Lousteau, al hablar en el recinto donde se debate el proyecto opositor para congelar las tarifas de servicios de luz, gas y agua, y puso de relieve la propuesta de su bloque de modificar las tarifas «gradualmente en ocho años, sin tanto impacto inflacionario y en el nivel de actividad».
